✍ Violencias, delitos y justicias en la Argentina [2002]

por Teoría de la historia

9789875000735La violencia, el delito y la justicia han cobrado auge en los estudios sociohistóricos en los últimos años. Situados en este contexto, los artículos de este libro tuvieron como precedente una jornada celebrada en la Universidad Nacional General Sarmiento (Buenos Aires). La propuesta novedosa que los autores exponen nos invita a reflexionar, desde una perspectiva interdisciplinaria que posee múltiples y disímiles dimensiones. junto a esta mirada plural, se adiciona una histórica que busca percibir las continuidades y rupturas, comenzando en el período independiente temprano hasta la actualidad. Los artículos compilados en Violencias, Delitos y justicias en la Argentina se encuentran estructurados en cuatro matrices organizadoras, las representaciones, las justicias, las violencias de las instituciones y los delitos, presentando en sus trabajos nociones y definiciones amplias sobre estas cuestiones articuladoras, donde podemos captar la interacción de renovaciones conceptuales y metodológicas. Plantean necesario para su estudio una conceptualización y formas variadas de violencias sociales que, aplicadas a situaciones contextuales extremadamente amplias, escapen y resignifiquen la vieja y estrecha definición del crimen y del delito. El primer bloque, las representaciones, comienza con el trabajo de Gayol que tiene como objetivo central de análisis los conflictos, las violencias y circunstancialmente los crímenes ocasionados por los encuentros cara a cara que tuvieron como escenario la ciudad de Buenos Aires a fines del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX. El interés de la autora es empezar a completar los vacíos provocados por la historiografía -que se propuso rescatar los conflictos colectivos nacidos de la oposición capital/ trabajo, y las ideologías que engendraban visiones alternativas de la sociedad- que ha ignorado la violencia y el conflicto interpersonal en el proceso de construcción de la modernidad, y su papel y rol en la definición de identidades individuales, sociales y de género. Sandra Gayol, desde una perspectiva cualitativa y microanalítica, postula cómo a fines del siglo XIX emergió entre los actores sociales un uso y un significado múltiples de la violencia. Frente a esta pluralidad, la autora se centrará en aquella violencia derivada de los motivos de honor. En el período considerado en este estudio, se fueron desarrollando violencias asociadas con el desorden y el crimen, pero al mismo tiempo, violencias que se fundan -y no desde el aparato del Estado- como compatibles con el modelo civilizatorio. En su trabajo “Pasiones privadas, violencias públicas. Representaciones del delito en la prensa popular de los años veinte” Sylvia Saítta muestra como se fue configurando y cambiando el papel del periodismo en la sociedad argentina de esa época. A partir del estudio del diario Critica, infiere que las historias de violencias, delitos y marginalidad hallaron un lugar asegurado diariamente en la prensa quien va a garantizar y posibilitar el traspaso de la “causa célebre” al sensacionalismo periodístico. La prensa escrita comienza a poner en relación culturas, prácticas y discursos que hasta ese momento estaban circunscriptos a los ámbitos sociales diferenciales. El periodismo de los años veinte, en un contexto de modernización de la sociedad, establece una doble representación del mundo del delito. Por un lado, en las crónicas policiales se interpreta el delincuente en su extrema brutalidad, mezclaban géneros discursivos diversos y apelaban a la retórica de la ideología psiquiátrica-criminológica positivista. Por otro lado, en las notas que se relatan sobre estos mismos delincuentes una vez que han cruzado las puertas de la penitenciaria, se los representa con los rasgos de una víctima. En la actualidad, Stella Martini enfatiza que el relato periodístico adquiere un papel discursivo de reconocimiento, producción y explicación de la realidad, y que tiende a articularse con el lenguaje y el poder, la comunicación y las representaciones sociales. En su trabajo, esta autora se propone estudiar las modalidades por medio de las cuales las noticias sobre sucesos policiales contribuyen a la normalización de los discursos hegemónicos, se constituyen en potenciales relatos de control social al dejar en claro la necesidad de mano dura y suma vigilancia, justificando políticas y prácticas de exclusión. La hipótesis que se plasma para este trabajo, aduce que el delito y la ley, a través de las resignificaciones que los modifican en discursos periodísticos – principalmente el género policial -, son el contexto y la medida para la edificación de un marco de inclusión/exclusión de la categoría social y política del ciudadano, que consolida una visión maniquea de la sociedad, los otros/nosotros. El planteo realizado por Santiago Alvarez nos sitúa desde otro lugar, ya que su interés radica en indagar sobre las representaciones sociales que el aparato judicial posee sobre la nueva ola de violencia, es decir, reflexionar sobre la construcción social del discurso legal desde la visión de los mismos actores que participan en la Justicia, sobre la criminalidad y los sujetos delictivos en la actualidad. El autor observa que aquellos que conforman la institución jurídica, adoptan un lenguaje y actitud que él denomina “de defensa corporativa” frente a las críticas de otros sectores sociales. Su lenguaje profesional y hermético, conlleva a actuar de forma aséptica que permite a la ley abstraerse de la persona concreta, del criminal. El camino hacia la construcción estatal moderna permitió en sus orígenes el nacimiento de una autoridad monopólica superior al resto del colectivo social, por encima de los individuos. La invención del Estado Nacional (Estado – Sujeto), debió necesariamente corresponderse con la invención del individuo-ciudadano. Bajo este marco de referencia, Carlos Cansanello, en el segundo bloque “Justicias”, enfatiza la ausencia en los estudios historiográficos marcados por el rígido nexo estado-sociedad, de un análisis que contemple la variable jurídica de lo público y lo privado – que no fueron instalados sin más desde la autoridad estatal – para el mundo colonial. Según el autor, en el período postcolonial, los bandos -autos del buen gobierno – permiten explicar los límites difusos entre lo público y lo privado, siendo aquellos que tendieron a reforzar el control y la penalización de los ciudadanos sobre la vagancia, la ebriedad, el juego y las peleas. El desafío no implicaba únicamente construir un orden social y político nuevo, sino construirlo por medio de la autoridad estatal, que se va a ir proyectando de manera lineal a veces, dubitativa y con retrocesos otras, apropiándose de las funciones que consideraba necesarias para el empleo monopólico del contro’l social. La reflexión sobre los atributos del castigo, como muestra Lila Caimari, comenzó justo en estos primeros momentos de construcción institucional del Estado. A lo largo de la historia del imaginario punitivo argentino, dicha autora considera que la prisión fue constituyéndose gradualmente en el castigo de referencia. El positivismo introduciría una profunda y drástica renovación en el proyecto disciplinario. La Penitenciaria, inaugurada en 1877, se transformó en el símbolo de la modernización y vidriera del castigo en la Argentina que sintetizaría los atributos del castigo civilizado (invisibilidad de la pena, privación de la libertad y respeto a la integridad física del penado). De este modo, la autora intenta superar en la historia de las ideas y prácticas del castigo en la Argentina, las hipótesis que sugieren una introducción lineal del modelo conceptual e institucional y de su inserción y desarrollo de manera completa en el aparato estatal. A partir de datos empíricos que las contradicen y han agregado dudas e incertidumbres con respecto a la normalización del castigo de estado en la sociedad argentina. Al mismo tiempo Darroqui, en su ensayo sugiere ampliar la mirada sobre las cárceles, como una producción social y política dentro de un proceso histórico, para incluir e incorporar a otros miembros del sistema penal como la justicia, la policía y principalmente aquellos generadores de normas, los legisladores, que formulan con sus leyes el sentido político de la penalidad. A pesar de las distancias, tanto el trabajo de Darroqui como el de Caimari, certifican las eternas continuidades de la prisión en la Argentina (hiperpoblación, mezcla de procesados y encauzados, y un vacío presupuestario, tecnológico y material). Su estudio, fuertemente influenciado por el estructuralismo foucaultiano, invita a pensar en una cadena de selectividades reproducidas en cada uno de los organismo-instituciones del sistema penal que edifican un complejo entramado en los que se revela el carácter reproductivo de la desigualdad ante la ley, ante la intervención policial, y el ejercicio judicial, que tienden a reincidir y reafirmar la desigualdad social, económica y política. Mientras el trabajo de Silvia Guemureman aspira a debatir sobre la violencia institucional y de los dispositivos que la ejercen en oposición de los dispositivos que deberían garantizar el desarrollo de la ciudadanía de manera plena. Es decir, percibir el sistema penal como violento, debido a que en vez de disminuir la brecha entre lo potencial y lo efectivo, la tiende a ensanchar. La mirada de la autora se ce’ntrará en los adolescentes y jóvenes dilucidando qué ocurre con ellos cuando entran en contacto con el sistema de control social oficial. Severamente cuestionador de la difundida retórica que alerta sobre la delincuencia juvenil en supuesto incesante aumento, este trabajo puntual muestra las funciones a veces insospechadas que pueden cumplir las instituciones, a partir del empleo de una riqueza de fuentes policiales y de los tribunales judiciales de la provincia de Buenos Aires. En el sistema penal de los primeros años de la etapa independiente se conjugaron códigos medievales, leyes coloniales, legislación republicana y decretos de las autoridades ejecutivas. En este marco, Osvaldo Barreneche, en la tercera parte del libro,· titulada uLas violencias institucionalesu, se propone advertir y analizar las características de la administración de justicia criminal en Buenos Aires a través los caracteres relacionados a las prácticas penales y procesales llevadas a cabo por funcionarios judiciales, policiales y autoridades ejecutivas durante este período. Para este fin el autor considera de vital importancia la utilización de fuentes judiciales en el conocimiento de las prácticas penales. Según Barreneche, el contexto político y social del momento postindependentista imposibilitó el fortalecimiento del poder judicial y de la justicia criminal. De su análisis, se desprenden dos dispositivos que se prolongan hasta la actualidad; por un lado, las autoridades que mayor prioridad tuvieron en detrimento de las judiciales fueron las fuerzas policiales, en su necesidad de un control coercitivo inmediato. Por otro lado, la violencia policial puede, a mediados del siglo XIX, ser socialmente diferenciada. La violencia institucional, debe ser entendida como un elemento que compone las pautas culturales del mundo penal, que forma parte de la lógica de acción de los agentes. Es decir, en las burocracias penales algunas formas violentas de intervención forman parte del orden natural de las cosas. Desde esta perspectiva, Martínez problematiza nuevas cuestiones sobre esta temática que se fusionan y complementan con anteriores investigaciones de características etnográficas. El uso de la violencia es un elemento válido para la obtención de pruebas. La autora, menciona que en las justicias locales se ejecutan dos formas de llevar a cabo la investigación delictiva. La lógica del detective de la literatura policial y la lógica del funcionario judicial. El eje de análisis de este trabajo no son las distancias teóricas entre ambos grupos acerca de los medios ideales de la búsqueda de pruebas, sino que en la práctica casi todos los funcionarios aceptan un cierto uso de la violencia de manera legítimo para recabar pruebas. En el último estudio de esta sección que analiza las prácticas violentas y su naturalización, y que sugiere elementos para pensar su génesis histórica, Sozzo plasma en su investigación los usos de la violencia por parte de la institución policial en la Argentina a través del caso particular de Santa Fe. Frente al vacío de datos que la oficialidad genera, el autor desde la metodología utilizada por el Centro de Estudios Legales y Sociales, comienza a desarrollar una indagación y pesquisa de las noticias, publicadas en los cinco diarios principales de la provincia, sobre el uso de la fuerza policial. Su trabajo se encuentra esquematizado en tres partes; 1) define claves de lectura de la genealogía de conexión entre violencia y actividad policial en el transcurrir de la modernidad, 2) compara a través de datos empíricos sobre la violencia policial en la Argentina, los existentes en Santa Fe, la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, y 3) a partir de la lectura realizada en la primera parte, examina la unión entre los procesos de “democratización” policial durante los noventa y la cuestión de los usos de violencia ejercidos por estos. Durante el siglo XX Sozzo resalta la necesidad de no tropezar en reduccionismos y concebir que la violencia policial es directa y exclusivamente de clase, que solo se práctica contra los sectores populares ni tampoco de verla como una mera extensión de un Estado de autoritario, al manifestar en su investigación como un Estado liberal puede combinarse con experiencias autoritarias de la policía. El libro finaliza interrogándose sobre las transformaciones en las formas delictivas. En el primer trabajo, Bonaldi nos llama a reconsiderar algunas aseveraciones teóricas, como las de Norbert Elias sobre el proceso civilizatorio. “Si la modernidad se caracteriza ciertamente por una disminución de la violencia en las relaciones interpersonales, esto no significó el fin de la violencia en la sociedad” sino, al contrario, una redistribución en la posibilidad de muertes violentas de cada uno de los grupos sociales. La hipótesis central postula que en la Argentina, en las últimas décadas de este siglo, se llevaron a cabo transformaciones políticas y económicas que pusieron en riesgo la capacidad de las instituciones para incluir y regular socialmente a las nuevas generaciones. En este contexto y bajo estas circunstancias las instituciones ya no consiguen promover valores y creencias que permitan orientar la conducta de los sujetos. Ese debilitamiento de la cohesión social es lo que posibilita explicar y entender el proceso de crecimiento de las tasas de muertes violentas que el autor estudia, a partir de las Estadísticas Vitales del Ministerio de Salud. Alejandro Isla inicia su artículo considerando que las subculturas son formas de respuesta a las decepciones por no poder alcanzar por medios legítimos a los fines e ideales pautados socialmente. El lenguaje es percibido como una señal de subcultura. En la actualidad, la ausencia de un lenguaje propio puede ser explicada como un indicio de que no se trataría de formaciones subculturales, sino que es necesario observar las mutaciones de los delitos en un contexto sociocultural más amplio. El autor, advierte que un factor importante en las formas de delinquir es el punto de inflexión que significó la última dictadura militar en las maneras de delitos posteriores. Los estudios de Miguez y Kessler proveen de nuevos elementos de análisis sobre el debilitamiento de los lazos funcionales en el terreno delictivo. La investigación de Miguez basada en datos de carácter cuantitativo y cualitativos y de un relevamiento etnográfico, aporta nociones plausibles, tales como que el crecimiento del desempleo en la Argentina parece haber generado una declinación de las comprensiones compartidas de la realidad y con ello del control social, teniendo consecuencias criminogénicas, especialmente en las jóvenes generaciones. Los datos cuantitativos, han señalado la reducción de las posibilidades de inserción en el mercado laboral, al mismo tiempo que las causas asistenciales y penales tendían a acrecentarse. Mientras que los datos cualitativos permiten observar cómo la nueva condición estructural ha influido en las comprensiones tradicionales de la realidad y qué nuevas clases han aparecido. Al finalizar el autor sostiene que el desorden argentino reside en una fragmentación social por la que en ambientes próximos coexisten variadas moralidades opuestas, con claros representantes de algunas de estas cuestiones y otros que se bifurcan entre unas y otras. El artículo de Kessler, se centra entre las especificaciones de la crisis del ámbito del trabajo en la Argentina contemporánea y la emergencia de ciertas formas de articulación novedosa entre ocupaciones legales e ilegales a través de una investigación desarrollada en Gran Buenos Aires con jóvenes de sectores populares. El empleo de la metodología de trabajo de campo permitió abandonar ideas preestablecidas sobre una mutua y estrecha relación entre el mundo del trabajo y el mundo del delito. Sus entrevistados testimonian sobre el pasaje de una lógica del trabajo a una lógica del proveedor, donde todo ingreso es legítimo no importa su origen sino su carácter para poder satisfacer alguna clase de necesidad. Para concluir, el texto compilado por Sandra Gayol y Gabriel Kessler representa un aporte valioso en el estudio de la violencia, los delitos, la justicia y su relación con el control social. Si bien en los últimos años está temática se ha convertido en uno de los tópicos más importantes de las Ciencias Sociales en América Latina, este libro, compuesto en su interior por quince artículos, intenta llenar los vacíos en la historiografía argentina actual. Desde diferentes tradiciones disciplinarias, la riqueza de su soporte empírico y su articulación con perspectivas y modelos teóricos hacen comprensible y dinámica la lectura de Violencias, delitos y justicias en la Argentina. En este sentido, en sus ensayos se visualiza el impulso por desarrollar una interelación entre la renovación analítica y conceptual y la metodológica. Las fuentes empleadas, en su mayoría oficiales (Guemureman, Sozzo, Bonaldi, Miguez) y prensa escrita (Saítta, Martini, Sozzo) señalan la ausencia de datos sistematizados y confiables. Como contracara de esta situación, los autores plantean la necesidad ·de una construcción propia de información a partir de nuevas metodologías y fuentes. Como señalan sus autores al comienzo, el mismo pretende ser una aproximación a una temática compleja, pero no cubre en su mayoría el siglo XIX y el siglo XX, al mismo tiempo que deja de lado al espacio rural, ignora la violencia ejercida hacía y por las mujeres, en el esfera doméstica, contra los niños y niñas, y también la violencia política. Finalmente, el texto se inscribe dentro de una tendencia innovadora en la historiografía argentina, pero que permite avanzar en numerosas posibilidades de exploración e indagación que pueden derivarse en una tentadora invitación para empezar a desarrollar investigaciones análogas en el ámbito de la historia regional.

[Melisa FERNÁNDEZ MARRÓN. “Gayol, Sandra y Kessler, Gabriel (comp.), Violencias, Delitos y justicias en la Argentina. Buenos Aires, Manantial – Universidad Nacional de General Sarmiento, 2002, 360 páginas” (reseña), in Quinto Sol (La Pampa), nº 7, 2003, pp. 181-186]

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