✍ El sindicalismo rural en la Argentina. De la resistencia clasista a la comunidad organizada (1928-1954) [2009]

por Teoría de la historia

img.phpSurgido en el marco de la expansión económica de la argentina agroexportadora, sometido a los violentos vaivenes económicos y políticos del período, a menudo perseguido tanto por las corporaciones de agricultores como por el Estado y englobando en su seno una fuerte competencia y conflictividad entre tendencias revolucionarias y reformistas, el sindicalismo rural fue habitualmente desestimado por el mundo académico en el momento de hacer Historia del movimiento obrero argentino. Así lo indica Adrián Ascolani, autor del libro El sindicalismo rural en la Argentina. De la resistencia clasista a la comunidad organizada, en el que reconstruye el proceso de conformación de los derechos civiles y sociales de los obreros rurales de la región pampeana, indagando en el origen y desarrollo del Estado intervencionista y asistencial en su vínculo con los trabajadores de las cosechas. Ascolani, que es doctor en Historia por la Universidad Nacional de La Plata y cuyo trabajo fue editado por la editorial de la Universidad de Quilmes, describe las relaciones entre sindicatos rurales, corporaciones de agricultores y el Estado en un período tan clave como puntual: el que se extiende entre 1928 –año caracterizado por una agitación rural que culminó en la ocupación militar de la provincia de Santa Fe– hasta 1952, momento culminante de la consolidación de las relaciones laborales agrarias, a fines del primer gobierno peronista. El autor destaca que el desarrollo del derecho laboral agrario estuvo plenamente ligado a la obra del Poder Ejecutivo Nacional, inspirado en el estilo de resolución de conflictos y establecimiento de normas colectivas de trabajo experimentadas por los gobiernos provinciales, especialmente el bonaerense. Y subraya que la posibilidad de concretar el cambio tuvo relación directa con la creación, en 1943, de la Secretaría de Trabajo y Previsión, con el dictado del Estatuto del Peón y con la voluntad de regular, a través de decretos de urgencia del Poder Ejecutivo, salarios y condiciones de trabajo de los obreros. La experiencia legislativa que llevó a la regulación del trabajo rural en la Argentina aparece, en el libro, como experimental y construida sobre bases doctrinarias diversas. Y el cúmulo legal que generó dio lugar a un tipo de relación original, organicista y estatizada, aunque respetuosa de las expectativas sindicales preexistentes. Eso permitió la temporal construcción de una comunidad laboral agraria local y nacionalmente organizada coincidente con las aspiraciones del sindicalismo reformista de los años 30, según indica Ascolani. El punto de partida de la investigación es 1928, año que jalona un momento de resurgimiento sindical motivado por la acumulación de expectativas insatisfechas del sector obrero rural y una cosecha excepcional que alentó a los activistas a reconstituir las organizaciones rurales y reclamar mejoras salariales y de las condiciones de trabajo. Aquí el autor analiza el rol de los sindicatos, el Estado y las organizaciones de agricultores y concluye que el grado de agitación obrera en Santa Fe registrado ese año no justificaba la irrupción del ejército dispuesta por el gobierno nacional. Al mismo tiempo, postula que tras la decisión del presidente Hipólito Yrigoyen de enviar las tropas se ocultaron otros intereses, de carácter político, vinculados a la interna del radicalismo y al papel que en ella jugaba el gobernador santafesino Pedro Gómez Cello. Cuando sobreviene la crisis de 1930, el sector obrero rural adquiere una visibilidad inédita a partir del azote del desempleo y la miseria, frente al cual los sindicatos bregaron por obtener del Estado controles de precios y seguro de desempleo, aunque sólo obtuvieron una respuesta tibia y a la vez tardía. La irrupción del gobierno militar de 1930, además, pondría en evidencia una tendencia que no haría más que profundizarse con el paso de los años: la pérdida de terreno de las organizaciones sindicales de ideología revolucionaria frente a las reformistas. Ascolani muestra cómo las persecuciones y las dificultades para lograr un recambio generacional efectivo de dirigentes diezmaban paulatinamente al anarquismo. Mientras tanto, el Partido Comunista, cuya presencia en el sector se debatía entre el escepticismo y el bajo perfil, perdería predicamento entre los obreros rurales a partir de la sanción de la Ley de Represión al Comunismo (1936). En tanto, crecía el peso de las organizaciones sindicales moderadas, mientras agricultores, dueños de trilladoras y cerealistas iban perdiendo sus privilegios como empresarios ante un Estado cada vez más dispuesto a asumir un rol arbitral en los conflictos y a ceder a las organizaciones sindicales cuotas de poder en el control de la provisión de mano de obra. A los gobiernos provinciales les tocaría tomar la delantera en materia de política y legislación laboral, a pesar de los límites constitucionales que tenían las provincias para legislar sobre estas cuestiones. Y lo harían a pesar de las diferencias políticas e ideológicas. Así, la inclinación a conformar Estados reguladores beneficiosos para los sectores rurales sería llevada adelante a la vez por gobiernos liberales en Santa Fe, conservadores y filofascistas de Buenos Aires (como los de Federico Martínez de Hoz o Manuel Fresco) y administraciones populares cordobesas, como la del radical Amadeo Sabattini. Ascolani concluye, entonces, indicando que el surgimiento de las políticas laborales reguladoras del mercado de trabajo rural no fue reflejo de los cambios que generaba la economía industrial que se consolidaba a mediados de los 30, sino que resultó de la necesidad de responder a reclamos urgentes y armonizar intereses antagónicos. A través de este fenómeno les tocó a los gobiernos provinciales estrechar relaciones con las federaciones provinciales de trabajo. Un proceso de acercamiento que se afirmaría y centralizaría con la entrada en acción de la Secretaría de Trabajo y Previsión comandada por el entonces coronel Juan Domingo Perón, que conduciría “al control estatal y verticalista, aunque obrerista, de los procesos de trabajo y los sindicatos mismos”.

[Omar GIMÉNEZ. “Derechos sobre la tierra”, in Revista Ñ (Buenos Aires), 19 de julio de 2011]